El pasado 2 de enero un grupo de granadinos y vecinos de otros puntos de Andalucía nos dimos cita en la Plaza del Carmen para manifestar nuestra disconformidad con la celebración de la conquista de Granada como festividad local. Desde muy diversas opciones políticas, todos rechazamos esta celebración por su carácter racista, franquista, militarista, españolista y por suponer la celebración de un genocidio. Todo ello enmarcado en el ejercicio legítimo de nuestro derecho a expresarnos libremente. Semanas después nos enteramos, a través de la prensa, que 17 de los asistentes iban a ser multados por hacer uso de su libertad para discrepar. En estos días hemos ido recibiendo las notificaciones de dichas multas emitidas desde la subdelegación de Gobierno en nuestros domicilios. Ante esta situación queremos manifestar:
Que, al margen de lo que ocurra con estas sanciones administrativas, en cuyo recurso ya estamos trabajando, nos resulta incomprensible que la polémica en torno a la Toma, avivada en las dos últimas ediciones, se presente en algunos medios como una disputa entre “ultras” de distinto signo, ignorando las razones y argumentos que aquí entran en disputa. Parece que lo único por lo que habrían de preocuparse los granadinos era poder volver a tener una Toma “sin incidentes”, entendiendo por “incidentes” el cruce de consignas pro y anti-Toma y algún que otro insulto de uno a otro lado de la plaza, que, sin duda, afea la ceremonia institucional. Pero no ha habido tanto alboroto mediático cuando durante todos estos años los grupos neo-fascistas y neo-nazis gritaban sus consignas y exhibían sin pudor su simbología racista y xenófoba a las puertas del Ayuntamiento de esta ciudad.
Que lo ocurrido con las multas viola nuestros derechos elementales, en concreto el derecho a la libertad de expresión. Como manifiestan las notificaciones expedidas por la subdelegación de gobierno, hemos sido multados por participar en los actos de protesta contra la celebración “provocando con su comportamiento reacciones en los grupos contrarios de ideología que se encontraban en la misma plaza”. Esos “grupos contrarios de ideología” a los que alude la denuncia eran, ni más ni menos, que grupos neo-nazis y neo-fascistas, que como todos los años acudieron a la Plaza del Carmen a gritar sus consignas racistas y xenófobas (este año incluso portaban una pancarta en la que rezaba “POR UNA NUEVA RECONQUISTA”).
Que todos estos años, en los que cualquiera que se haya acercado a la Plaza del Carmen el 2 de enero habrá tenido constancia de que en lo que allí acontecía había, cuando menos, indicios de que se estuviera promoviendo el odio racista y xenófobo, no se ha tomado ninguna medida legal ni política para impedirlos. Tales actos están tipificados como delito en el Código Penal, concretamente en el “Artículo 150”. ¿Dónde queda la responsabilidad del Subdelegado del Gobierno y del Fiscal Superior de Andalucía?
Que la respuesta del Subdelegado del Gobierno en Granada ante las protestas legítimas de un grupo de granadinos contra una fiesta que fue instaurada por el franquismo, evidencia que los procedimientos abiertos contra los 17 compañeros antifascistas son parte de un proceso de represión y persecución política dirigida, en particular, contra el movimiento político de protesta que pide el fin de una celebración xenófoba y militarista que se realiza en nombre de todos los granadinos y en general, contra toda la disidencia política que en la ciudad lucha por la justicia social. Una prueba más de ello es que el pasado 2 de enero, a un compañero le fue literalmente “quitada” por la Policía Nacional, sin más justificación formal ni de ningún tipo, una pancarta en la que rezaba: “NO AL RACISMO, NO AL FASCISMO, NO A LA TOMA”.
Que hemos sido informados en primera instancia por la prensa de que 17 de los asistentes a la protesta serían multados. Antes incluso de que llegara notificación alguna de la subdelegación de gobierno a nuestros domicilios, generando una situación de indefensión y amedentrando a todos los opositores a esta celebración.
Que ha habido asistentes a la protesta que han sido multados sin ni siquiera haber sido identificados en el acto. Lo cual podría hacer pensar en la existencia de una “lista negra” de granadinos por su tendencia política o ideológica que estaría en manos de las instancias cuyo cometido es establecer estas sanciones.
Que el proceder represivo de la Subdelegación del Gobierno no es un hecho aislado en Granada. Durante los últimos meses observamos como todo aquel que se opone a los planes del régimen, ya sean los afectados por el Trasvase del Río Castril, los vecinos de la Casa del Aire o los disidentes del 2 de enero, son sometidos a multas injustificadas e injustificables.
Asimismo, queremos convocar a los medios de comunicación y los vecinos de Granada en general a la rueda de prensa que darán los 17 represaliados el próximo jueves 3 de febrero, a las 11 horas, en la Sala de Reuniones de la facultad de Trabajo Social (C/Rector López Argüeta s/n).
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